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lunes, 12 de diciembre de 2011

 ellos es la contaminación visual que se debe resistir día a día, en la medida que se transita por las calles de la capital regional y de otras urbes maulinas. Tanto enormes gigantografías que cubren el paisaje natural y urbano, como feos letreros que pululan en distintos sectores, ofensivos rayados en muros y fachadas o marañas de cables que oscurecen el día, impidiendo el paso del sol y la visión de las calles en toda su amplia perspectiva.
Estos problemas deben también ser enfrentados por la autoridad respectiva, de manera que los habitantes de la urbe puedan disfrutar en forma plena de su entorno, sin tener que aguantar, de día esos enormes letreros que parecen venirse encima de la gente, y de noche la luz potente que enceguece la mirada y atrae cientos y miles de insectos a su alrededor. O, en el caso de los “enjambres” de cables aéreos, soportar los obstáculos que entorpecen la mirada o que cubren la acción de las cámaras de seguridad ciudadana, o que, en otros casos, cuelgan inertes en medio de la muchedumbre que pasa a su lado ignorando su existencia… 
Nadie niega el derecho de unos a publicitar sus servicios o productos y a otros la opción de instalar las redes que permitirán una mejor comunicación telefónica, más potente entrega de energía eléctrica o enlaces más poderosos para conexiones de internet. Eso no está en duda, pero sí, tampoco hay dudas en ello, eso debe hacerse respetando el derecho ciudadano a una ciudad limpia, tranquila, atractiva y grata para vivir.
Por eso, para que estos aspectos sean respetados, y las empresas o entidades involucradas puedan también llevar a cabo sus proyectos e iniciativas de progreso, es fundamental que las autoridades respectivas establezcan las normas que regulen estas instalaciones, de modo que exista un respeto mutuo y se salven los intereses de todos. Porque no se trata de impedir que la tecnología siga su avance, ni que nadie pueda aprovechar los espacios publicitarios callejeros. Todo es cuestión de criterio, el cual debe ser establecido por quienes gobiernan a la comunidad, amparados en argumentos razonables y que, ojalá, sean producto de estudios efectuados por especialistas que avalen las decisiones. 
Mejores conexiones telefónicas para todos, sí, pero con cables bajo tierra; mejor iluminación en las calles, sí, pero con sistemas soterrados que eviten la contaminación visual; enormes gigantografías, sí, pero a una distancia razonable (que hay que determinar), de los lugares residenciales y con sistemas de luces que no encandilen a la población, etc.
Es tarea, pues, de las autoridades realizar las gestiones del caso para redactar las ordenanzas que correspondan, en pleno acuerdo con las instituciones o firmas interesadas, para que después estas normas se cumplan y sea la comunidad la gran ganadora. Es una imperiosa necesidad que se debe comenzar a enfrentar, ya que las soluciones pueden ser muy lógicas y razonables, pero requieren de tiempo para ser llevadas a cabo. Y, en ese caso, mientras antes se parta, mucho mejor.